Reportaje españoles en el exilio. Por Gonzalo Gómez Montoro

Fotos de Marta Bernad e Irene Ortega

Mari y José tienen 38 años y viven en Poussan, a veinticinco kilómetros de Montpellier, en el sur de Francia. Son originarios de Cádiz y tienen cuatro hijos. Emigraron en 2012, cuando Mari se quedó en paro después de trabajar durante diez años de cocinera. Para entonces su marido llevaba desempleado dos años, y no recibía ninguna ayuda estatal.

“Mi subsidio apenas nos daba para comer”, dice Mari, “y los únicos contratos que encontraba eran de tres meses”. El subsidio terminó pronto, y la familia tuvo que recurrir a la ayuda de Cáritas. “Pero eso es pan para hoy y hambre para mañana”, sostiene Mari. “Nosotros queríamos un trabajo digno”.

Desesperada, se ofreció como cocinera en una página web francesa, y un empresario de Avignon contactó con ella. “Me fui sola a Francia sin saber el idioma. Era la primera vez que salía del país y venía con sesenta euros en el bolsillo, todo lo que tenía”. Las condiciones del empleo, no obstante, eran alentadoras: 40 horas semanales por 2.000 euros al mes. Pero la realidad resultó ser distinta. “Me obligaban a trabajar quince horas diarias y, al descontarme el alojamiento, sólo me quedaba con 1.000 euros”.

En el restaurante estuvo dos meses, hasta que la llamaron para trabajar en Bouzigues (Languedoc), cerca de donde vive. El empresario contrató también a su marido, que vino desde España con los cuatro hijos del matrimonio. “Yo no soportaba estar sin mi familia, me pasaba el día llorando”, recuerda Mari. Sin embargo, a los tres meses despidieron a José sin dar explicaciones. “Se aprovecharon de que yo no protestaría porque estaba obligada a trabajar para mantener a mi familia”. Ella permaneció en el trabajo seis meses más, en los que el empresario incumplió repetidas veces el contrato.

“Me decían que así eran las cosas en Francia”. Hasta que un día no la dejaron entrar en el restaurante. “Me dijeron que no volviera”. En la actualidad, Mari cobra el subsidio de desempleo mientras busca trabajo y espera que su caso se resuelva en el tribunal. Tres de sus hijos viven con ellos, pero su hija de 17 años regresó hace unos meses a España, donde vive con una abuela, porque no se adaptaba a la vida en Francia. Pese a las dificultades, la familia no piensa residir más en España. “Allí no hay ningún futuro”, sentencia José. “La educación y el trabajo están aquí, y allí nadie te va a ayudar aunque te vean debajo de un puente”.

Expatriados por la hipoteca

800.000 personas han emigrado de España desde el comienzo de la crisis. Frente a la imagen oficial del joven “aventurero”, titulado y sin hijos, cada vez hay más familias obligadas a buscar trabajo en el extranjero.

La emigración de Paco y María José estuvo marcada por una hipoteca. Ambos proceden de Albudeite (Murcia), y viven desde agosto de 2013 en una finca vinícola situada a diez kilómetros de Béziers, la segunda población más grande de la provincia de Montpellier. La pareja firmó una hipoteca en 2009 por valor de 81.000 euros. Él entonces trabajaba de repartidor para una firma de ropa, hasta que perdió el empleo en 2011.

Después de estar nueve meses en paro, Paco encontró un trabajo en la viña francesa por el que cobra el salario mínimo (1.200 euros), y que, viviendo con mucha sobriedad, le permite llevar al día el pago de la hipoteca. “Yo nunca había trabajado en el campo, ni sabía francés, pero no podía perder mi casa”, afirma. Los primeros meses fueron muy duros: “Nos sentíamos muy solos, lejos de la familia y los amigos, y sin poder hablar con nadie”. Aunque reconoce que las condiciones laborales son mejores que en España: “Estaba harto de que me explotasen, me pagasen tarde o no lo hicieran, y aquí se respetan todos mis derechos”. Su pareja, actualmente en busca de empleo, trabajó sin contrato durante años en un sindicato en Murcia. “Es humillante que tengamos que marcharnos, porque no somos los causantes de la crisis”, protesta María José. “Los gobernantes nos han expulsado, y muchos de los que hemos emigrado luchábamos por mejorar la situación social”.

Igual que Mari y José, esta pareja de murcianos no piensa volver a España. “Si tuviéramos hijos, nacerían en Francia”, señalan. La experiencia ha cambiado su percepción de España, algo común en las familias que hemos entrevistado. “No tengo ningún sentimiento patriótico”, precisa Paco. “Mientras se agita la bandera, unos pierden su casa y otros tienen que emigrar”. Ambos se muestran muy críticos con lo ocurrido: “No es una crisis, es una estafa de los banqueros, el gobierno y los empresarios, aunque los ciudadanos también tenemos algo de culpa”, reconocen.

Eva y Juan tuvieron menos suerte que Paco y Maria José. Este matrimonio de Denia (Alicante), de 47 y 50 años, llegó a Francia en octubre de 2012 en busca de un trabajo que les permitiese terminar de pagar su hipoteca. Juan —que nació en Francia de padres emigrantes— encontró pronto un empleo de alicatador, lo que no impidió que el matrimonio tuviera que pedir ayuda en la Cruz Roja a su llegada, ni que tuviesen que malvender su única vivienda para que el banco no se la arrebatara. En la transacción perdieron 200.000 euros. En Denia también han dejado a sus dos hijas, de 26 y 22 años, que han abandonado sus estudios para colaborar en la economía familiar.

Eva y Juan viven ahora en un viejo apartamento de Gigean, a quince kilómetros al sur de Montpellier. Nada que ver con el espléndido chalet que tenían junto a la playa, pero es todo lo que les permite el único sueldo que entra en casa. “No queremos que nuestras hijas vean donde vivimos”, cuenta Eva entre sollozos. “Nunca imaginé que me vería obligada a marcharme a otro país, y menos en estas condiciones”. Aun así, el matrimonio no piensa regresar a España hasta que tengan edad de jubilarse. Cuando mejore su situación, les gustaría que sus hijas fueran a vivir con ellos a Francia. Por el momento se contentan con verse cada seis meses, cuando la economía lo permite.

Diversidad de orígenes

Una de las comunidades más numerosas de familias españolas emigrantes se encuentra en Lunel, a veinte kilómetros al este de Montpellier. Alrededor de esta localidad de 40.000 habitantes se extienden numerosos cultivos en los que trabajan familias españolas de orígenes diversos. Aunque no todos se dedican a la agricultura. Mario Palomeque, madrileño de 44 años, tiene un empleo de jardinero en una finca privada. Llegó a Lunel en junio de 2013 junto a su mujer Maï, originaria de Burkina Faso, y sus dos hijas, Kadi y Aicha, de 10 y 2 años. Antes vivían en el Valle del Pas (Cantabria), donde Mario era educador en un centro de menores. Un trabajo difícil en condiciones precarias.

“Cobraba poco y tarde, y a veces ni cobraba”. Su mujer no llegó a encontrar empleo en los cuatro años que vivió en España. Mario y su familia vinieron a Francia en busca de un futuro. “Nuestras perspectivas de trabajo en Cantabria eran nefastas”, asegura Mario. “Quien peor lo tenía era mi mujer, la única africana de todo el valle”. La crisis, no obstante, no sólo afectó a los adultos: los ayuntamientos suprimieron las actividades juveniles, y el instituto de la zona, carente de medios, tiene una elevada tasa de fracaso escolar. “Seguir en España era hipotecar el porvenir de mi familia”, apunta Mario. Su hija Kadi, campeona de atletismo, “entrenaba en una carretera, y aquí tiene un estadio nuevo y entrenadores profesionales”. Kadi también participa en el coro local. “En España no hubiera podido hacer nada de esto”, apunta su padre, orgulloso. ¿Pensáis volver”, les pregunto. “El gobierno que venga tendrá que facilitarnos el retorno. No regresaremos a España para empezar otra vez de cero”, sentencia Mario.La emigración, no obstante, no garantiza una holgada condición de vida. Quedan muy lejos los años sesenta, cuando sobraba el trabajo y las horas extras permitían ganarse un sobresueldo. De hecho, tanto Mario como Maï, que es asistenta de hogar, reciben el salario mínimo, “lo que con dos hijas apenas te permite ahorrar”. Otro problema al que se enfrentan la mayoría de los emigrantes es encontrar una vivienda: “Piden tres meses de alquiler por adelantado como fianza y que tu sueldo triplique el precio del alquiler”, señala Mario.

Por casualidad, mientras caminamos por el pueblo dos personas nos preguntan por una dirección. Son padre e hijo de nacionalidad española y origen ecuatoriano, nos explican, y han venido a Lunel para trabajar en la recogida de la manzana. En Valencia tienen una hipoteca que pagar, y ya han agotado el subsidio de los cuatrocientos euros. Según cuentan, tendrán que regresar a España porque nadie quiere alquilarles un apartamento. Mientras tanto duermen en la vivienda de unos paisanos que han llegado desde Castellón.

Cambio de percepción

En Lunel también conocimos a Lidia y a Driss. Él es marroquí y ella de Alcalá de Henares, donde vivían antes de venir a Francia en 2012. En España, Lidia trabajó durante cinco años como esteticista —hasta que la despidieron al quedarse embarazada—, y Driss durante dos como vendedor ambulante. Siempre en negro. “Ningún patrón me quiso dar de alta”. Tienen dos hijos de 10 y 4 años, y la familia no piensa volver a vivir en España. “Los niños se han adaptado muy bien, y en nuestro país ya no tendremos las mismas oportunidades que aquí”, comenta Lidia. Ella trabaja media jornada como femme de chambre en un hotel y él está empleado en la viña. Ambos cobran el salario mínimo.

Lidia y su marido vinieron a Lunel porque aquí viven el padre y un hermano de Driss. Pero este no ha sido el único caso de emigración en la familia. Los padres de Lidia, de 54 y 55 años, se quedaron en paro hace unos años. En este tiempo perdieron su vivienda, y el padre tuvo una fuerte depresión. Ahora viven con una hermana de Lidia, pero quieren regresar a Francia, donde estuvieron recogiendo albaricoques hace unos meses. “Mis padres no han hecho más que trabajar, y ahora nadie quiere contratarlos a su edad”. Esta experiencia ha cambiado la forma de ver la emigración de  Lidia y sus padres. Pese a estar casada con un marroquí, “yo antes criticaba a los que venían a España, pero ahora entiendo su situación”.

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